Estos días el Bundestag está debatiendo un tema muy sensible, el suicidio asistido. Tras la derogación de la ley de 2015 que imponía su prohibición, se hace necesario crear una nueva legislatura al respecto. La cuestión que se plantea es de carácter ético y se basa en la siguiente pregunta: ¿qué posición puede permitirse la política? El nuevo reglamento debe conciliar la protección de la autodeterminación y la protección de la vida.
De los debates actuales se desprende que las facciones políticas tienen perspectivas muy diferentes; entre la búsqueda de encontrar principios de inconstitucionalidad y las numerosas propuestas que pretenden afirmar un camino que tenga como eje principal a la persona y no al suicidio. Sin embargo, el objetivo de las distintas propuestas es oponerse firmemente a la temida “normalización social” del suicidio asistido.
La idea de la nueva ley es crear un procedimiento legal que facilite el acceso a este tipo de ayuda de forma clara y transparente. El proceso que puede llevar al suicidio asistido debe tener varias etapas, como por ejemplo el asesoramiento, un fuerte apoyo psicológico en situaciones de crisis, y largos periodos de espera entre encuentros para poder juzgar mejor los deseos del paciente.
Además, los médicos discuten la ambivalencia de su papel en este sentido, es decir, si es su competencia asistir a un paciente que decide morir; si se puede autorizar legalmente o si la ley debería prohibirlo. En cualquier caso, los médicos podrían ofrecer una gran ayuda evaluando una posible enfermedad grave y comparando las posibles alternativas médicas.
Sin duda, hay un elemento que podría hacer menos compleja la cuestión del suicidio asistido en determinadas situaciones: el testamento vital. Con él, uno puede declarar qué procedimientos médicos deben realizarse u omitirse si uno ya no es capaz de decidir por sí mismo.
