El Bundestag y el Bundesrat han aprobado una ley contra los delitos de odio en línea en un intento de reprimir el extremismo y el odio, que ahora están muy extendidos en Internet. A partir de ahora, cualquier persona que difunda mensajes de odio, amenace a las personas o incite a la violencia en línea se enfrentará a una persecución y un castigo más duros.

Las amenazas de daños corporales, las agresiones sexuales y los anuncios de prender fuego a un coche, por ejemplo, recibirán un tratamiento similar al de las amenazas de muerte, es decir, como delitos penales con penas de entre 2 y 3 años de prisión. Las amenazas de muerte públicas pueden ser condenadas a 3 años de prisión. Cualquier mensaje antisemita se considerará un agravante y, por tanto, contribuirá a una condena más dura.

Todas las redes sociales, como Facebook y Twitter, tendrán que eliminar los mensajes que contengan propaganda neonazi, incitación al odio o amenazas de asesinato y violación, y al mismo tiempo denunciarlos inmediatamente a la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA). Para identificar rápidamente a los autores, también tendrán que facilitar a los investigadores las direcciones IP de los dispositivos electrónicos desde los que se publicaron los mensajes. En el caso de delitos especialmente graves, como el terrorismo y el asesinato, la resolución de un juez también permitirá solicitar las contraseñas de las cuentas.

La ley se había preparado ya el verano pasado, pero se estancó debido a cierta controversia relacionada con la privacidad de los datos. (Se trata de la protección de los llamados datos de inventario, que, además del nombre y la dirección de un usuario, incluyen contraseñas y datos bancarios, así como la dirección IP de un ordenador. No incluye el contenido de las llamadas o los correos electrónicos).

Tras varios meses de negociaciones, la semana pasada se alcanzó finalmente un compromiso sobre las nuevas normas de acceso a los datos de los usuarios de teléfonos móviles. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el organismo de control de la privacidad estipula que los datos sólo pueden utilizarse para la persecución de delitos penales, pero no para la persecución de infracciones administrativas menos graves. Las contraseñas sólo se entregarán en caso de delitos especialmente graves. Según Günter Krings, Secretario de Estado Parlamentario del Ministerio Federal del Interior, esta ley y el nuevo compromiso alcanzado sobre el uso de datos serán útiles no sólo para luchar más eficazmente contra los delitos de odio, sino también para combatir la posesión y distribución de pornografía infantil.